POR FELIPE DE CAMPS TRINXET
El pasado lunes 5 de octubre, a las nueve de la mañana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre de 2026.
Nadie duda de que si Sánchez ha convocado elecciones es porque considera que puede ganar más de lo que arriesga perder. Sin embargo, basta mirar los sondeos para ver qué a simple vista prácticamente todas apuntan a una holgada mayoría parlamentaria de la derecha —PP y Vox— en el Congreso de los Diputados.
¿Por qué convocar elecciones ahora, cuando los sondeos apuntan a una victoria de la derecha? Si el adelanto responde al bloqueo parlamentario, ¿por qué se ha convocado ahora y no cuando, por ejemplo, se bloquearon los nuevos presupuestos?
En las siguientes líneas quiero examinar la tesitura ante la que se encuentra España en los próximos comicios, en los que se renovarán las Cortes y de los que quizá salga también un nuevo Gobierno.
Una causa perdida
Sería difícil afirmar que el Partido Socialista ganará las próximas elecciones y podrá formar el siguiente Gobierno, puesto que buena parte de las encuestas otorga una holgada mayoría a la suma del PP y de Vox.
En estos ocho años de Gobierno, Pedro Sánchez se ha convertido en el segundo presidente que más tiempo ha permanecido en el cargo desde la instauración de la democracia. Como no podía ser de otra forma, esto ha supuesto un desgaste para su figura y para la izquierda en general.
Ya fue novedosa y polémica la moción de censura que le otorgó por primera vez el poder en 2018, gracias a la concurrencia de Podemos y de los partidos nacionalistas del Congreso, en detrimento de la dañada figura de Mariano Rajoy.
Este ha sido, amén del primer Gobierno constituido después de una moción de censura, el primer Gobierno de coalición de la democracia española, compartiendo Consejo de Ministros con Podemos y, después, con Sumar. Además, ha contado en numerosas ocasiones con el apoyo de partidos de la izquierda separatista —ERC y Bildu— y de la derecha nacionalista vasca y catalana —PNV y Junts—.
El Partido Popular, primero con Pablo Casado y después con Alberto Núñez Feijóo, atacó la formación de este Gobierno como una artimaña cargada de «felonía» y «deslealtad» para con el interés nacional. Aunque es cierto que Pedro Sánchez tuvo que modificar posiciones que hasta entonces habían formado parte de la política de Estado —recordemos que el PSOE había apoyado la aplicación del artículo 155 en Cataluña después de la declaración secesionista de Carles Puigdemont—, no es menos cierto que, desde una perspectiva realista, las alternativas eran escasas. Recordemos que, cuando lo necesitó, José María Aznar también pactó con Jordi Pujol la transferencia de competencias y la aceptación de determinadas reivindicaciones simbólicas para asegurarse la llegada a la Moncloa.
En un sistema parlamentario se espera que sea el partido más hábil para reunir mayorías y no necesariamente el que más votos acumula, el que termine ocupando la presidencia. Los pactos fueron la única vía de Sánchez para llegar al poder. Tuvo que asumir también, sin embargo, la indignación de buena parte de la población española y las críticas de destacados prohombres del propio Partido Socialista, que se opusieron primero a los indultos y más tarde a la amnistía concedida a los dirigentes del procés, condenados por delitos que incluían la sedición y la malversación.
A ello se sumó la propuesta de reconocer a Cataluña competencias fiscales en el marco de un sistema de financiación singular, conocido popularmente como el «cupo catalán». Aunque menos sonado, también provocó controversia el acercamiento de los presos de ETA a las cárceles del País Vasco, acordado con Bildu, así como la transferencia de determinadas competencias reclamadas por el PNV.
Siendo justos, cabe señalar que pocas de estas medidas han supuesto una ruptura con las políticas de anteriores gobiernos, al menos en lo que respecta a la descentralización territorial y a las negociaciones con los nacionalistas vascos en materia de financiación. Muchas de las propuestas más maximalistas, además, no han pasado de ser, por el momento, proposiciones sobre el papel. Tal es el caso de la cesión de competencias fiscales a Cataluña, de la cual deberíamos tener serias dudas de que se vayan a producir.
Debemos reconocer, en este sentido, que algunos partidos nacionalistas parecen haber abandonado, aunque solo sea de facto, la independencia como objetivo inmediato, al considerar inviable esa vía a corto plazo. En su lugar, han optado por implicarse, atendiendo a los intereses de sus votantes, en la negociación sobre los destinos de España.
Los pactos con Sánchez han contribuido a intensificar una competición en Cataluña y Vascongadas entre nacionalistas de derechas e izquierdas por conseguir el mayor número posible de competencias. Esta dinámica ha debilitado las grandes coaliciones nacionalistas y ha situado al Gobierno de España como un actor privilegiado en la configuración de la política autonómica de estas dos regiones.
Si todo se redujera a las negociaciones parlamentarias, quizá la cuestión no revestiría tanta gravedad. Pero durante estos ocho años de presidencia socialista, el Gobierno también ha tenido que responder, con mayor o menor acierto, a una sucesión de crisis y dificultades: la gestión sanitaria de la COVID-19, los efectos económicos de la guerra de Ucrania, la catástrofe causada por la DANA, la pérdida de poder adquisitivo, el encarecimiento del precio del alquiler, la transformación del equilibrio internacional, el deterioro de las relaciones hispano-marroquíes y, más recientemente, la llegada de unas 72.000 personas a las costas de Ceuta durante los días de la crisis migratoria de julio.
Como es normal en estos casos, el Gobierno ha sido responsabilizado de estas eventualidades —a veces con razón, a veces sin ella— y ha sufrido sus consecuencias en forma de manifestaciones, movilizaciones de parte del electorado y aplicación del llamado «voto de castigo» en favor del PP y de Vox.
El balance parece, pues, desfavorable para Sánchez. A las dificultades para mantener una mayoría parlamentaria estable se suma el desgaste acumulado tras ocho años en el poder. Pero, en un panorama en el que buena parte de las encuestas apunta a una mayoría parlamentaria del PP y de Vox, queda todavía una pregunta por responder: ¿por qué ha convocado Sánchez las elecciones precisamente ahora?
¿Será este el fin del Hombre Araña?
Pocos líderes políticos en España han conseguido burlar tantas veces los pronósticos de analistas y pitonisas de todo pelaje como Pedro Sánchez. Ha sobrevivido a la irrupción de Podemos, a los peores resultados del socialismo español, a su propia defenestración de la secretaría general del partido, a la enemistad con Felipe González y a tres elecciones generales. En todas ellas se anunció su derrota definitiva, y en todas ellas consiguió desmentir a quienes daban por concluida su carrera política. No cabe sino reconocer la indudable habilidad de este actor político y de su equipo.
¿Cuál es esta vez la estrategia de Sánchez para salvar los muebles? Antes que nada, debemos comprender dos cosas: primero, que el juego de la política exige siempre ganar; segundo, que el juego de la historia impone, tarde o temprano, el agotamiento de los ciclos políticos. La habilidad del actor político puede prolongar la partida, remontar una posición adversa e incluso invertir el curso de los acontecimientos. Pero, al final, la Historia siempre acaba imponiendo su ley. Teniendo esto en cuenta, Sánchez ha convocado elecciones convencido de que este momento le ofrecía una oportunidad que difícilmente volvería a presentársele en el futuro.
Antes de adentrarnos en la cuestión electoral, conviene hacer una precisión sobre la naturaleza del análisis que sigue. No se trata aquí de establecer la verdad de los hechos ni de resolver las controversias que puedan suscitar los ejemplos que irán apareciendo. Cada cual podrá juzgar los acontecimientos a su manera, lo que nos interesa es comprender cómo operan en la comunicación política. En una campaña electoral, el parecer puede pesar más que el ser: no basta con que algo sea verdadero, importa que sea percibido como tal. La política electoral se libra, en buena medida, en ese espacio en el que los hechos adquieren significado ante los ojos de los ciudadanos.
Dijo Pablo Iglesias en RTVE que la batalla política consiste en «plantear la pregunta electoral»: aquella cuestión que determina el orden de las preferencias del votante y alrededor de la cual se organiza su decisión. El electorado de un país tiene todos los sueños de la humanidad dentro de sí. En él conviven temores, intereses y esperanzas que ningún programa político podría satisfacer por entero. Uno podría ofrecer miles de respuestas acerca de qué le importa al ciudadano y de qué manera deberían resolverse los problemas de España; sin embargo, llegada la hora de las elecciones, el ciudadano solo puede depositar su voto en una candidatura.
La pluralidad de la vida política queda así reducida a una única decisión. De ahí la importancia de la batalla por imponer el tema de la conversación pública y su encuadre. Quien consiga determinar la pregunta condicionará, en buena medida, las respuestas posibles.
No todos los actores políticos se desenvuelven con la misma comodidad en todos los terrenos, ni todos los asuntos les ofrecen las mismas oportunidades.
Hay cuestiones en las que un partido puede exhibir una posición clara, definida y, en cierto modo, radical, y extraer de ella todas las ventajas de su posición en el clivaje central. La moderación puede ser una virtud de gobierno, pero no constituye por sí misma una virtud electoral. En política, nadie se presenta ante sus electores como el que menos defiende sus intereses, el que menos lucha por sus derechos o el que ofrece una solución mediocre entre dos posiciones enfrentadas.
Cada partido procura encarnar la defensa más consecuente de aquello que reivindica, aunque después se presente como la alternativa razonable frente a los excesos de sus adversarios. Cuando un clivaje adquiere una importancia superlativa, la indefinición deja de ser una opción.
Cada actor decide, dentro de los márgenes que le ofrecen sus circunstancias, cómo afrontar esa disyuntiva: resistir el coste de un mal resultado electoral, aproximarse a uno de los extremos, intentar resignificar el debate o procurar que la conversación pública gire en torno a otra cuestión. No se trata de opciones equivalentes ni están al alcance de todos los actores en cualquier momento. La decisión depende tanto de la posición que cada uno ocupa en la contienda como de su capacidad para alterar las condiciones en las que esta se desarrolla.
Los resultados de Unió, Catalunya en Comú y el PSC en las elecciones autonómicas celebradas entre 2012 y 2024, marcadas por el procés independentista, ilustran hasta qué punto los actores políticos pueden verse perjudicados por un clivaje dominante cuando no consiguen desenvolverse con soltura en él y resentirse electoralmente. Algo semejante ocurrió con el PSOE en 2016, cuando la conversación pública estaba atravesada por la cuestión social y las consecuencias de la crisis económica, asuntos que el 15M y Podemos habían conseguido introducir en la agenda política. En ambos casos, la posición de los partidos ante la cuestión central de la contienda condicionaba sus posibilidades electorales.
Cuando la inmigración ocupa el centro de la agenda pública, el PSOE se enfrenta a un terreno especialmente difícil. Si el debate queda encuadrado por los tópicos que la derecha ha conseguido asociar a la inmigración como la delincuencia o la pérdida de la cultura nacional. Sean ciertas o no las relaciones que se establecen entre estos fenómenos, el Gobierno corre el riesgo de quedar atrapado en una posición defensiva. No puede defender sin matices todas las demandas de la población inmigrante sin arriesgarse a alejar a una parte de su electorado; menos aún cuando una parte de esa población no tiene derecho a voto. Pero tampoco puede limitarse a reproducir los marcos que sus adversarios le han impuesto sin contribuir a consolidarlos. La posición moderada, cuando un clivaje ocupa el centro de la contienda, no es necesariamente un caballo ganador.
Las encuestas realizadas después de la invasión de Ceuta situaban la inmigración entre las cuestiones centrales de la conversación pública y la vinculaban, en el debate político, con la violencia cotidiana y la injerencia del gobierno marroquí en la política nacional. En ese marco, el PSOE corría el riesgo de aparecer ante una parte del electorado como un actor cómplice o incapaz de responder al problema. Las respuestas de los ciudadanos sobre su intención de voto debían interpretarse, por tanto, a la luz de una agenda pública en la que la inmigración había adquirido una importancia considerable.
El 23 de septiembre desalojaron de su piso, por caducación de contrato, a una señora de 87 años con una discapacidad del 50%. Fueron precisamente estos dos últimos datos los que conmocionaron a gran parte de la sociedad española. Aunque el problema de la vivienda lleva décadas figurando entre los más importantes del país, y en los últimos años el Sindicato de Inquilinas había conseguido organizar varias movilizaciones en Madrid y Barcelona, el «caso Maricarmen» se convirtió en una condensación de todo el problema, en un significante político capaz de concatenar el resto de demandas.
El tema central del último mes ha sido la vivienda, y precisamente por eso, el presidente ha decidido convocar elecciones. Cabe pensar que este movimiento responde a la expectativa de que la centralidad del clivaje pudiera favorecer electoralmente al Ejecutivo.
El tema de la vivienda ofrece a la izquierda, en general, ventajas explicativas. Es más fácil de entender el discurso de construir más vivienda pública que el de estimular la construcción por parte de agentes privados. Resulta más atractivo y comprensible plantear un precio máximo al alquiler que incentivar la inversión extranjera mediante la liberalización del suelo.
La derecha no parece estar del todo cómoda porque, si el clivaje de la vivienda se vuelve central, es probable que los electores se tiendan a dividir según esta cuestión y por simple cuestión aritmética hay más inquilinos que propietarios. Además, debemos tener en cuenta que, según el CIS, el 76% de los españoles está a favor de intervenir en el mercado de la vivienda, y dentro del PP y de Vox esta tendencia cuenta con el apoyo de la mitad de sus electores.
Del mismo modo, podemos presumir que el foco mediático que varios canales concedieron a la posibilidad de que Gabriel Rufián liderara una coalición que aglutinara a las izquierdas nacionales y periféricas bajo una misma marca dio a Sánchez razones para creer que, adelantando las elecciones, podía forzar a la izquierda a pactar por pura supervivencia política. Aunque esto no deja de ser una conjetura, creemos que Sánchez pudo actuar con esa expectativa: que todo el voto de los indignados de la vivienda que no absorbiera el Partido Socialista pudiera ser recogido por otra candidatura mayoritaria y que, una vez constituidas las nuevas Cortes, se reeditara el pacto de Gobierno.
¿Era este plan infalible? No. Esta era una de las apuestas que podía plantear el PSOE al adelantar las elecciones, y las estrategias propias siempre tienden a presuponer que todo saldrá lo mejor posible. En primer lugar, la izquierda ha hecho un ridículo absoluto a la hora de pactar un Frente Popular.
Los últimos meses se ha recordado mucho, y con razón, la famosa escena de La vida de Brian, en la que el Frente Popular de Judea se lleva a matar con el Frente Judaico Popular. Ya es un tópico, pero es cierto: la izquierda no se ha puesto de acuerdo y la estrategia de Sumar ha consistido en cambiar el nombre y proponer a una candidata menos carismática que la anterior. Por su parte, Podemos se ha quedado con buena parte del poder mediático que le supone contar con los dos candidatos más queridos para liderar la izquierda, dentro de un proyecto que difícilmente va a poder exprimir todo su potencial por no presentarse en todo el territorio nacional.
Asimismo, aún queda un mes para las elecciones y pueden emerger nuevos temas que dividan y desencanten al electorado. Quizá surjan nuevas tramas de corrupción, se multipliquen las imágenes de desorden en las ciudades a causa de las protestas, o cualquier noticia en las próximas semanas contribuya a desmovilizar el voto izquierdista.
