La migración como instrumento de presión: reflexiones a raíz del caos en Ceuta

En la madrugada del 30 de julio de 2026, decenas de miles de personas cruzaron a nado o bordeando los espigones fronterizos hacia Ceuta, la ciudad autónoma española situada en el norte de África. En menos de dos días, cerca de 50.000 personas ingresaron de forma irregular al enclave —seis veces más que en la crisis de 2021— y al menos 72 murieron ahogadas o aplastadas contra las vallas fronterizas¹. El episodio, ocurrido en medio de una visita real que reavivó viejas tensiones territoriales entre Rabat y Madrid, reabrió una pregunta que rara vez se formula con la honestidad necesaria: y es que ¿hasta qué punto los flujos migratorios pueden ser utilizados, facilitados o simplemente tolerados por un Estado como mecanismo de presión frente a otro?

La pregunta no es retórica y tampoco es exclusiva del Mediterráneo. América Latina comienza a mostrar sus propias señales de este fenómeno con consecuencias que trascienden la política exterior y alimentan la polarización doméstica, así como las narrativas antimigratorias, que ya venían en ascenso.

Cuando la migración se convierte en política exterior

La politóloga Kelly M. Greenhill acuñó hace más de una década el concepto de coercive engineered migration —o “armas de migración masiva”— para describir cómo algunos gobiernos incentivan, permiten o manipulan deliberadamente movimientos de población con el fin de obtener concesiones diplomáticas, económicas o políticas de terceros Estados². Greenhill documentó más de setenta episodios de este tipo desde 1951, desde Cuba y Haití hasta los Balcanes, mostrando que la manipulación de flujos migratorios y de refugiados constituye una herramienta reconocida —aunque poco discutida públicamente— de las relaciones internacionales³.

Además, Greenhill diferencia tres tipos de actores que recurren a esta herramienta: generadores, que provocan directamente el desplazamiento; agentes provocadores, que incitan a otros a hacerlo; y oportunistas, que simplemente explotan flujos ya existentes. La coerción opera, a su vez, por dos vías no excluyentes: el “desbordamiento de capacidad” —saturar la habilidad administrativa o económica del Estado receptor— y la “agitación política” —profundizar la polarización interna entre sectores pro y antimigrantes hasta volver insostenible cualquier respuesta del gobierno—. Un multiplicador adicional es lo que la autora llama “costos de hipocresía” para referirse al desgaste político que sufre un Estado cuando su discurso de compromiso con los derechos humanos choca con medidas restrictivas de facto. Este marco conceptual importa porque evita dos errores simétricos: tratar toda migración como una amenaza a la seguridad nacional, o asumir ingenuamente que la movilidad humana ocurre siempre al margen de los cálculos de poder entre Estados. Ambos extremos empobrecen el análisis.

América Latina: una región vulnerable

El éxodo venezolano —más de 6,9 millones de personas repartidas por la región, según ACNUR, la OIM y la plataforma R4V— ha modificado profundamente la agenda política de Colombia, Perú, Ecuador y Chile⁵. En 2026, Perú aloja ya a 1,6 millones de venezolanos y Chile a cerca de 700.000, cifras que han transformado tanto la economía informal como el discurso público hacia la migración en ambos países⁶. Conviene no simplificar: la migración venezolana responde principalmente al colapso económico y político interno, no a una instrumentalización deliberada desde Caracas. A pesar de ello, eso no impide que haya generado nuevas dinámicas diplomáticas y de seguridad que condicionan las relaciones regionales, desde las tensiones fronterizas colombo-venezolanas hasta los ajustes constantes en la política migratoria peruana y chilena.

A diferencia de Venezuela, en el caso de Nicaragua existe una recopilación de evidencia sobre la instrumentalización deliberada de la migración irregular, que involucra redes mucho más extensas y ciudadanos de una multiplicidad de territorios alrededor del globo. Desde 2021, el régimen de Ortega y Murillo suprimió el requisito de visado a los ciudadanos cubanos y habilitó —según documentó José Pallais para Expediente Público— un “corredor aéreo” de vuelos chárter que permitió a varios cientos de miles de migrantes de Cuba, Haití y hasta India y países del Golfo aterrizar en Managua para continuar por tierra hacia la frontera estadounidense, generando al fisco nicaragüense decenas de millones de dólares en tarjetas de tránsito⁷.

El Departamento de Estado de EE. UU. corroboró de forma independiente el fenómeno —aunque sin adoptar el lenguaje de “guerra híbrida”— al anunciar en junio de 2024 restricciones de visado contra un ejecutivo de una aerolínea chárter señalado de facilitar estas rutas, alegando que ese tipo de empresas se aprovechan de migrantes vulnerables mediante servicios diseñados para facilitar la migración irregular hacia Estados Unidos⁸.

Este corredor hacia el norte convive con una dinámica distinta hacia el sur. El deterioro democrático acelerado del propio régimen —Nicaragua volvió a caer en 2026 en el índice V-Dem hacia la categoría de “autocratización” más severa de la región— ha sostenido, además, un flujo de alrededor de 325.000 entradas regulares anuales hacia Costa Rica solo por los pasos fronterizos de Peñas Blancas y Las Tablillas, según el monitoreo de la OIM de inicios de 2026⁹. Aquí no hace falta afirmar una instrumentalización deliberada equivalente a la del corredor aéreo: basta con reconocer que, en un escenario de creciente deterioro democrático, las decisiones del régimen entorno a la seguridad transfronteriza agravan dinámicas migratorias que limitan el margen de maniobra costarricense en salud, educación, empleo y política migratoria.

Por otro lado, quizá el ejemplo más claro de cómo la migración termina convirtiéndose en un problema diplomático de primer orden lo encontramos en la República Dominicana y sus tensiones con el vecino Haití. Solo en el primer trimestre de 2026, República Dominicana deportó cerca de 100.000 haitianos indocumentados, y organizaciones como el Grupo de Apoyo a Repatriados y Refugiados (GARR) documentaron más de 68.000 repatriaciones en ese mismo período, incluyendo mujeres embarazadas, madres lactantes y menores no acompañados¹⁰. Paralelamente, Santo Domingo continúa extendiendo el muro fronterizo iniciado en 2021, que ya cubre buena parte de los 340 kilómetros compartidos con Haití¹¹. El colapso de la autoridad estatal haitiana —con bandas armadas que controlan más del 80 % de Puerto Príncipe— convierte cada operativo de deportación dominicano en un episodio con consecuencias humanitarias y diplomáticas que exceden con mucho la política doméstica de ambos países.

En el caso de Cuba también existe ya una literatura histórica consolidada, siendo el ejemplo que la propia Greenhill utiliza con mayor frecuencia. En al menos tres ocasiones —el éxodo de Camarioca en 1965, el del Mariel en 1980 y la crisis de los balseros en 1994— La Habana flexibilizó de forma explícita y unilateral sus controles de salida en momentos de fricción con Washington, convirtiendo a Cuba en lo que la autora llamaría un “generador” clásico de migración coercitiva: no se limitó a tolerar un flujo migratorio, sino que abrió deliberadamente la puerta para forzar una respuesta del gobierno estadounidense¹².

Las tres crisis terminaron, en mayor o menor medida, con concesiones migratorias por parte de Estados Unidos —desde el puente aéreo de los “vuelos de la libertad” que Washington negoció tras Camarioca hasta los acuerdos migratorios bilaterales que siguieron a los balseros—, lo que confirma el patrón de éxito relativo que Greenhill documenta para este tipo de coerción. Cuba, además, no es ajena al corredor nicaragüense descrito antes: según la propia investigación divulgada por Expediente Público, el 61 % de los vuelos chárter registrados hacia Managua entre 2021 y 2023 partió de Cuba, Haití y el Caribe, y fue precisamente la exención de visado a cubanos la que inauguró esa ruta —una suerte de división de tareas entre dos regímenes con intereses convergentes frente a Washington, más que dos fenómenos aislados.

Lo interesante del caso cubano en 2026 es que buena parte de esa vulnerabilidad histórica de Estados Unidos se ha revertido, al menos temporalmente. La Ley de Ajuste Cubano de 1966 —el tratamiento migratorio preferencial que durante décadas convirtió a los cubanos en un grupo normativamente privilegiado frente a Washington— sigue vigente en el papel, pero el segundo gobierno de Donald Trump eliminó el parole humanitario y endureció drásticamente el procesamiento fronterizo desde enero de 2025. El resultado es una caída abrupta: de 217.615 llegadas cubanas a Estados Unidos en el año fiscal 2024 a apenas 33.056 en el año fiscal 2025, mientras las deportaciones alcanzan cifras récord —más de 740 personas devueltas a la isla solo en lo que va de 2026¹³. Una consecuencia directa, y todavía poco comentada, es que buena parte de la migración cubana ha empezado a reorientarse hacia Brasil y Uruguay en lugar de usar la región únicamente como corredor hacia el norte. Al endurecer su propia política de admisión, Estados Unidos redujo el valor estratégico de la migración cubana como instrumento de presión, aunque a costa de trasladar buena parte del peso humanitario a otros países de la región.

El costo político: cuando los migrantes pagan la factura

La instrumentalización política de la migración produce un efecto paradójico. Aunque las decisiones corresponden a los gobiernos, quienes terminan asumiendo los costos políticos son los propios migrantes. Especialmente, en lo que respecta al ámbito de la opinión pública.

Cuando los flujos migratorios pasan a ocupar un lugar central en los debates sobre seguridad nacional, relaciones internacionales o soberanía, el riesgo de asociar automáticamente migración con amenaza aumenta considerablemente. En términos de la Escuela de Copenhague, este proceso puede entenderse como una “securitización” de la migración: un fenómeno mediante el cual un asunto originalmente social o económico comienza a presentarse como una amenaza existencial que justifica la adopción de medidas extraordinarias¹⁴.

En América Latina, esta tendencia resulta cada vez más visible. El aumento de la migración venezolana ha ocupado un lugar destacado en campañas electorales en Chile, Perú, Ecuador y Colombia, donde distintos actores políticos han vinculado el incremento de la delincuencia, la presión sobre los servicios públicos o el desempleo con la llegada de población migrante. De forma similar, el debate migratorio en Costa Rica se ha intensificado alrededor del incremento de solicitantes de refugio provenientes de Nicaragua, mientras que en República Dominicana la crisis haitiana ha reforzado discursos centrados en la protección de la identidad nacional y el control fronterizo.

La eficacia de la coerción migratoria no radica en el número absoluto de personas desplazadas, sino en el costo político que generan dentro de las democracias receptoras. Los gobiernos reaccionan ante el efecto que esa presión produce sobre la opinión pública, la polarización partidista y la legitimidad de sus propias instituciones. En otras palabras, el verdadero objetivo no es mover migrantes, sino mover incentivos políticos.

Sería simplista atribuir el crecimiento de estas narrativas exclusivamente a estrategias de desinformación o al auge del populismo. Después de todo, las preocupaciones relacionadas con la capacidad institucional de los Estados para gestionar flujos migratorios masivos, especialmente en países con recursos limitados —como los nuestros—, son legítimas y atinadas, cuanto menos. No obstante, cuando el debate público reduce la complejidad del fenómeno y presenta a las personas migrantes como la causa principal de problemas estructurales, termina trasladando la responsabilidad desde quienes generan las crisis hacia quienes las padecen.

Reflexiones finales

La geopolítica contemporánea obliga a abandonar visiones reduccionistas sobre la movilidad humana. Considerar la migración exclusivamente como una crisis humanitaria impide comprender las implicaciones estratégicas que determinados flujos pueden tener para la estabilidad regional. Por otro lado, interpretar toda migración como una amenaza para la seguridad resulta igualmente problemático, pues favorece la estigmatización de poblaciones vulnerables y erosiona la cohesión social, en tanto profundiza antiguos clivajes en torno al tema.

Para América Latina, el desafío consiste en desarrollar políticas migratorias que reconozcan y sean capaces de integrar ambas dimensiones. Ello implica fortalecer los mecanismos de cooperación regional, mejorar las capacidades institucionales para gestionar grandes movimientos de población y construir estrategias de comunicación pública que distingan entre los intereses geopolíticos de los Estados y las necesidades de protección de quienes migran. A fin de cuentas, estamos frente a un fenómeno que, lejos de desaparecer, continuará ocupando un lugar central en la política internacional del siglo XXI.

América Latina posee respuestas más institucionalizadas en términos de seguridad para amenazas militares, crimen organizado y terrorismo, pero carece de una doctrina para identificar y manejar adecuadamente el impacto que la migración puede producir cuando es instrumetalizada políticamente. Mientras esta dimensión permanezca fuera del debate estratégico, los gobiernos seguirán respondiendo de forma reactiva a crisis que otros actores pueden explotar deliberadamente.

Notas

1. CNN en Español, “España desplegará las Fuerzas Armadas en Ceuta tras el cruce de miles desde Marruecos y la muerte de al menos nueve personas,” 30 de julio de 2026, https://cnnespanol.cnn.com/2026/07/30/mundo/crce-miles-marruecos-ceuta-ap.
2. Kelly M. Greenhill, “Weapons of Mass Migration: Forced Displacement as an Instrument of Coercion,” Strategic Insights 9, no. 1 (Spring/Summer 2010): 116–46, https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/Hot%20Spots/Documents/Immigration/Greenhill-Migration.pdf.
3. Kelly M. Greenhill, “Strategic Engineered Migration as a Weapon of War,” Civil Wars 10, no. 1 (2008): 6–21.
4. UNHCR (ACNUR) y Organización Internacional para las Migraciones (OIM), datos compilados por la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), 2026.
5. Jordán Arce, “Perú y Chile, imanes de migración venezolana: las cifras récord y un giro en la percepción social,” BioBioChile, 18 de julio de 2026, https://www.biobiochile.cl/noticias/internacional/america-latina/2026/07/18/peru-y-chile-imanes-de-migracion-venezolana-las-cifras-record-y-un-giro-en-la-percepcion-social.shtml.
6. Expediente Público, “Daniel Ortega promueve el tráfico de migrantes como arma política contra EE.UU.,” 25 de septiembre de 2024, https://www.expedientepublico.org/daniel-ortega-promueve-el-trafico-de-migrantes-como-arma-politica-contra-ee-uu/ , con base en Expediente Abierto, “Instrumentalización de la migración en América Latina como ejercicio de guerra híbrida contra Estados Unidos de América” (2024).
7. U.S. Department of State, “Visa Restrictions on Executive of a Charter Flight Company Facilitating Irregular Migration to the U.S.,” comunicado de prensa, 13 de junio de 2024.
8. Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Costa Rica — Migración Nicaragüense — Frontera Norte de Costa Rica: Ingresos y Salidas Regulares e Irregulares (Enero 2026) (San José: OIM, febrero de 2026).
9. “Un grupo denuncia la deportación de 68.000 haitianos a principios de 2026 e insta a la protección de los derechos de los inmigrantes,” The Haitian Times, 13 de mayo de 2026; “Migración reporta que deportó casi 100 mil haitianos indocumentados en el primer trimestre de 2026,” Diario Libre, 3 de abril de 2026.
10. “República Dominicana ampliará 12 kilómetros el muro fronterizo con Haití,” SWI swissinfo.ch, 18 de febrero de 2025.
11. Greenhill, Weapons of Mass Migration, cap. 2 y apéndice (casos de Cuba, 1965, 1980 y 1994).
12. “Cuba recibe a 96 migrantes deportados desde EE.UU. y ya suman 740 en lo que va de 2026,” OnCubaNews, 26 de junio de 2026; “Más cubanos se establecen en Latinoamérica en vez de EEUU,” Radio y Televisión Martí, 24 de marzo de 2026.
13. Barry Buzan, Ole Wæver, y Jaap de Wilde, Security: A New Framework for Analysis (Boulder, CO: Lynne Rienner, 1998).