Por Brisa Morales
Licenciada en Ciencia Política por la Universidad Francisco Marroquín. Especialista en gestión de políticas y proyectos sociales, cuenta con formación en dirección de proyectos, metodologías de design thinking e innovación pública. Su trayectoria combina el análisis de políticas públicas, la incidencia juvenil y la comunicación estratégica, con un especial interés en los procesos políticos y económicos de América Latina.
En los últimos años, América Latina se ha convertido en un escenario inesperado dentro del mapa global de la minería de criptomonedas. Mientras Asia perdía protagonismo tras la prohibición china de 2021, países como Paraguay, Bolivia, Brasil, Argentina y Venezuela comenzaron a atraer capital, hardware y controversia en torno a una industria que promete divisas, empleo e “innovación digital”, pero que también reabre viejas preguntas sobre soberanía energética, desigualdad y captura regulatoria del Estado.
Empecemos por lo básico
Para quienes no siguen de cerca el mundo de las criptomonedas, conviene partir de lo elemental. Bitcoin y otras criptomonedas funcionan sobre una base de datos compartida llamada blockchain (o cadena de bloques), que registra todas las transacciones sin necesidad de un banco central que las valide. Alguien tiene que verificar esas transacciones y agruparlas en “bloques” nuevos, y ahí entra la minería: miles de computadoras especializadas (llamadas ASIC) compiten resolviendo un problema matemático de prueba y error hasta que una de ellas encuentra la solución correcta.
Quien logra resolver el problema primero valida el bloque y recibe una recompensa en bitcoins nuevos, además de las comisiones de esa transacción. Es una especie de lotería computacional sin límites: cuantas más máquinas y más electricidad tenga instalada una operación minera, más probabilidades tiene de “ganar” esa lotería y generar ingresos. Por eso la minería es, fundamentalmente, un negocio energético: su rentabilidad depende casi por completo de cuánto cuesta la electricidad que consume.
El fenómeno: energía barata, capital móvil
Como vimos, la lógica de la criptominería es sencilla: se necesita electricidad abundante, estable y barata para operar granjas de servidores que validan transacciones en la red de Bitcoin y otras criptomonedas. América Latina, con sus excedentes hidroeléctricos y reservas de gas subutilizadas, ofrece justamente eso.
El caso más ilustrativo es el de Paraguay. Gracias a la abundante energía hidroeléctrica que produce la represa de Itaipú, la central ubicada sobre el río Paraná cubre el 9 % del consumo eléctrico brasileño y el 86 % del paraguayo, el país se ha convertido en uno de los principales destinos para la minería de Bitcoin. Actualmente, concentra alrededor del 4,3 % de la capacidad mundial de procesamiento (llamado hashrate), lo que lo sitúa en el cuarto lugar a nivel global, un dato impresionante para un país de apenas siete millones de habitantes.
Sin embargo, este crecimiento vertiginoso no hace más que acelerarse. Empresas internacionales como HIVE Digital Technologies han anunciado la expansión de sus centros de datos en Paraguay, con el objetivo de alcanzar una capacidad instalada de 400 megavatios (MW) de energía renovable, que equivalen, aproximadamente, al consumo anual de 450.000 hogares paraguayos, cerca de una quinta parte de todas las viviendas del país. La magnitud del fenómeno también puede apreciarse a escala global. Según el Cambridge Centre for Alternative Finance, toda la red de Bitcoin consume entre 170 y 180 teravatios-hora de electricidad al año, una cantidad comparable al consumo eléctrico anual de países como Tailandia o Vietnam.
Bolivia, por su parte, protagoniza el crecimiento más sorprendente de la región, pues su participación en el hashrate mundial se disparó más de 2.000 % interanual, impulsado en gran medida por el gas natural subsidiado que YPFB vende a las termoeléctricas muy por debajo del precio internacional. Argentina, por su lado, explora un modelo distinto aprovechando el gas de quema (flared gas) de Vaca Muerta para minar Bitcoin sin necesidad de infraestructura de transporte adicional. Mientras tanto, en Venezuela, muchos se plantean que la minería podría actuar como “carga flexible” para monetizar la capacidad hidroeléctrica ociosa del país, aunque en un contexto institucional mucho más frágil y cargado de incertidumbre.
El mapa sigue creciendo con empresas mineras como la argentina Cryptogranjas, que ha anunciado planes de inversión adicionales en Paraguay, Colombia, México y Brasil, atraídas por el potencial gasífero y petrolero de estos tres últimos países. En el caso colombiano, el interés se concentra en proyectos como el bloque offshore Tayrona, operado por Ecopetrol y Petrobras. Otros actores del sector, como Coin Box Mining, coinciden en que el gas que hoy se pierde por venteo en yacimientos sin infraestructura de transporte podría convertirse en un insumo energético para la minería, replicando modelos ya probados en Estados Unidos y Canadá.
Las luces: ingresos, empleo y digitalización
Los defensores de la criptominería en la región destacan varios beneficios potenciales, que merecen ser analizados con detenimiento. Primero, permite monetizar excedentes energéticos que de otra forma se exportarían a precios bajos o simplemente se perderían, como ocurre históricamente con parte de la energía paraguaya vendida a Brasil bajo el Anexo C del Tratado de Itaipú, o bien, el aprovechamiento de otros residuos orgánicos transformándolos en fuentes renovables de energía ––como el biogás producido a partir de desechos de criaderos intensivos de cerdos––.
Por otro lado, la criptominería promete atraer inversión extranjera directa e impulsar el desarrollo de infraestructura digital que, en teoría, podría tener usos posteriores más allá de la minería, como el alojamiento de centros de datos y el soporte computacional que demanda el creciente desarrollo de la inteligencia artificial.
En tercer lugar, busca generar empleo técnico, ingresos fiscales y nuevas oportunidades de inversión en economías con escasa diversificación productiva. En buena parte de América Latina, donde las exportaciones siguen dependiendo principalmente de materias primas y recursos naturales, la criptominería se presenta como una alternativa para incorporar actividades de mayor contenido tecnológico sin necesidad de desarrollar una industria manufacturera compleja. Aunque el número de empleos directos que genera suele ser limitado por su naturaleza altamente automatizada, la instalación de estas operaciones también podría dinamizar sectores como la construcción, los servicios eléctricos, las telecomunicaciones, el mantenimiento especializado y la seguridad, además de incrementar la demanda de proveedores locales para dichos servicios.
En cuanto a los gobiernos, esta nueva industria refuerza las narrativas de modernización que muchos gobernantes buscan al ofrecerles un relato atractivo de transformar megavatios desperdiciados en riqueza. Estos discursos, de hecho, tienen cierto eco gracias a estudios como el del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) junto al Cambridge Centre for Alternative Finance, que mostró que el número de empresas de criptoactivos operando en América Latina y el Caribe se duplicó desde 2016, y que casi el 80% de los reguladores financieros consultados considera que estos activos aportan funciones complementarias al sistema financiero tradicional, sobre todo en materia de inclusión financiera y remesas.
Las sombras: energía, opacidad y captura del Estado
Pero ese relato convive con tensiones profundas. La más evidente es la energética: en Paraguay, mientras se negocia con Brasil un mejor precio por la energía cedida bajo Itaipú, el Estado continúa entregando electricidad a empresas extranjeras por debajo de sus costos reales de producción y distribución, en un esquema jurídico y tributario poco transparente. En países con redes eléctricas más frágiles, la competencia entre consumo doméstico y consumo industrial de la minería puede derivar en cortes de servicio. Precisamente, este fue el caso de Paraguay a inicios de 2026, cuando más de 1,4 millones de hogares en el área metropolitana de Asunción vivieron interrupciones en el suministro eléctrico, en un contexto donde la propia empresa estatal ANDE evaluaba dedicarse ella misma a la minería usando equipos confiscados de operaciones ilegales.
Este último punto abre un segundo frente de debate, pues el surgimiento de redes paralelas de minería clandestina, que en varios países se ha beneficiado de tarifas eléctricas subsidiadas pensadas para consumo residencial, está generando pérdidas fiscales y distorsiones que terminan pagando los contribuyentes.
Existe además una dimensión geopolítica poco discutida: funcionarios estadounidenses han manifestado explícito interés en que empresas de su país se instalen en países como Paraguay para minería o inteligencia artificial, lo que ha llevado a analistas y exfuncionarios locales a preguntarse si la energía nacional se está entregando en condiciones favorables a intereses externos, a cambio de un alineamiento geopolítico más amplio. A fin de cuentas, el país continúa vendiendo su energía por debajo del precio de mercado, sosteniendo dinámicas disfuncionales respecto al uso adecuado de los recursos naturales del país.
Eso, claro, sin hablar de las implicaciones que conlleva adquirir el compromiso de abastecer a tantas empresas de una energía sumamente fluctuante. A fin de cuentas, aunque la energía proviene de fuentes renovables, como la hídrica, esta sufre embates sin previo aviso, como la sequía de 2014 en Paraguay, que hizo caer la producción en un 20 %. En escenarios así, ¿a quién debe proteger principalmente el gobierno? ¿A la población o a los empresarios con los que se tienen contratos millonarios?
Finalmente, está el problema ambiental clásico: cuando la minería se abastece de fuentes no renovables —como ocurrió en algún momento en China o como podría normalizarse si la demanda supera la oferta hidroeléctrica disponible—, su huella de carbono se dispara, contradiciendo cualquier narrativa de “economía verde”.
Los debates que abre
La irrupción de la criptominería en la región obliga a repensar al menos tres discusiones de fondo. La primera es sobre soberanía energética: ¿debe un Estado ceder su excedente eléctrico a un activo especulativo y volátil, o reservarlo para atraer industrias con mayor valor agregado y estabilidad de largo plazo? La segunda es sobre institucionalidad y transparencia: los contratos, exenciones fiscales y tarifas preferenciales que reciben estas empresas suelen negociarse con escasa fiscalización pública, lo que reabre cuestionamientos históricos sobre captura regulatoria y rent-seeking. La tercera es sobre el rol del Estado como actor de mercado: cuando una empresa eléctrica estatal, como ANDE en Paraguay, contempla minar criptomonedas directamente, se difumina la frontera entre regulador y competidor, con riesgos evidentes de conflicto de interés.
A estas tres discusiones se suma una cuarta, más amplia: la fragmentación regulatoria del ecosistema cripto en su conjunto. Mientras Estados Unidos avanzó con los ETF de bitcoin y Europa construyó el marco MiCA, en América Latina el avance es desigual: Brasil se perfila como referente regional tras aprobar regulación específica para proveedores de servicios de activos digitales, México cuenta con su Ley Fintech desde hace varios años, y Colombia todavía no logra pasar de los pilotos regulatorios hacia una ley integral.
Esta heterogeneidad genera incertidumbre jurídica en un mercado que evoluciona con rapidez. Resulta especialmente relevante si se considera que entre el 65 % y el 70 % del volumen de transacciones con criptoactivos en América Latina ya corresponde a stablecoins, utilizadas principalmente como mecanismo de ahorro, envío de remesas y acceso a dólares digitales. Sin reglas claras y previsibles, los países más rezagados no solo enfrentan mayores dificultades para atraer inversión responsable, sino también para supervisar la actividad, prevenir delitos financieros y ofrecer protección efectiva a los usuarios.
En el caso particular de la criptominería, este vacío regulatorio también limita la capacidad de los Estados para negociar mejores condiciones con las empresas del sector y garantizar que la explotación de sus recursos energéticos genere beneficios de largo plazo para la economía local. En ausencia de una estrategia integral, las respuestas suelen reducirse a medidas aisladas —como aumentar el precio de la electricidad para los grandes consumidores— que, por sí solas, difícilmente corrigen los incentivos del mercado. Las empresas internacionales, con mayor acceso a capital, tecnología y capacidad de adaptación, suelen estar mejor posicionadas para absorber estos costos y mantener su competitividad, mientras los Estados continúan careciendo de herramientas para asegurar que la inversión se traduzca en empleo, transferencia tecnológica o desarrollo de infraestructura con beneficios permanentes para la región.
Implicaciones de política pública e impacto social
Desde una perspectiva de política pública, la lección más clara es que la criptominería no es intrínsecamente buena ni mala: su impacto depende enteramente del marco institucional que la regule. Los países que logren establecer reglas claras —tarifas diferenciadas que reflejen costos reales, transparencia en los contratos, límites al consumo en momentos de estrés de la red, y mecanismos fiscales que capturen parte del valor generado para reinversión en infraestructura pública— pueden convertir un excedente energético ocioso en una fuente genuina de desarrollo. Los que no lo hagan corren el riesgo de repetir un patrón histórico en la región: la explotación de un recurso natural abundante que termina beneficiando desproporcionadamente a actores externos, mientras los costos los asume la población.
Para actores de la sociedad civil, el reto es doble: exigir transparencia en los contratos energéticos con estas empresas y, al mismo tiempo, evitar caer en un rechazo automático a la innovación tecnológica. Entre la euforia del “hub digital” y el temor al saqueo energético o al empeoramiento de la calidad de vida por la contaminación acústica de la actividad criptominera, hay espacio para una política pública seria, basada en evidencia, que discuta costos de oportunidad reales y proteja tanto el acceso ciudadano a la electricidad como la capacidad del Estado de negociar en igualdad de condiciones frente al capital transnacional.
Bibliografía
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